Alcaldes, expertos y el mismo ministerio de Energía y Minas admiten que las regalías que la industria minera aporta al Estado son insignificantes. Los vecinos padecen contaminación del aire y del agua, caminos en mal estado y ruido. Sin embargo, ni municipios ni gobierno central destinan a ellos el poco dinero que el sector deja al país. En parte, porque la ley data de 1997 y no se ha reformado.

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