Según registros oficiales del Ministerio de Salud, hasta 2022, la red nacional diagnosticó y registró casos de «trastornos» de la «preferencia sexual» y la identidad de género. Las normativas mundiales y expertos en la materia señalan que tipificar como enfermedades mentales la orientación sexual y la identidad de género es estigmatizante, una violación a los derechos humanos y representa un riesgo para la salud mental de la población LGBTIQ+.
