El sector empresarial organizado de Guatemala tiene influencia real en las decisiones de Estado sobre aquellos asuntos que son de su interés. Con el apoyo del poder político (Congreso y Ejecutivo) ha asegurado ocupar una silla, con voz y voto, en al menos 58 juntas directivas, comisiones y comités de diferentes rangos en instituciones estatales que les permiten darle forma al sistema de reglas y normas que rigen multitud de transacciones y decisiones, además de acceder de manera urgente o privilegiada a información. Leyes, acuerdos y reglamentos aprobados por el Congreso, la Presidencia de la República o los Ministerios, legalizan la participación del Cacif o las cámaras empresariales en las instancias en las que se diseñan las políticas públicas del país. Esta visualización de datos que forma parte de un artículo publicado en Plaza Pública, muestra la distribución del poder del sector privado en puestos gubernamentales
Dénnys Mejía 